Amnistía hizo esta petición cinco años después de que Obama iniciara su primer mandato como presidente de Estados Unidos firmando el 22 de enero de 2009 una orden ejecutiva para que Guantánamo cerrara en el plazo de un año.

La directora del Programa de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara, señaló que “cinco años después, esta promesa de cambio se ha convertido en un fracaso en materia de derechos humanos que amenaza con empañar el legado del presidente Obama, como ha hecho con el de su predecesor (George W. Bush)”.

AI afirmó que Guantánamo alberga actualmente a más de 150 prisioneros, la mayoría de ellos sin cargos ni juicio, 12 años después de que llegaran los primeros detenidos en aviones, donde iban “sujetos con correas como si fueran carga”, y que algunos serán juzgados conforme a un sistema de comisiones militares que no cumple las normas internacionales sobre juicios justos.

Añadió que menos de un 1% de los casi 800 hombres que han estado recluidos en Guantánamo han sido declarados culpables por una comisión militar, y en la mayoría de los casos lo han sido tras negociar un acuerdo sobre la condena antes del juicio.

Guevara subrayó que “los detenidos de Guantánamo están en un limbo, con su vida en suspenso años y años. Muchos han sufrido graves violaciones de derechos humanos, como desaparición forzada y tortura, pero se les ha bloqueado sistemáticamente el acceso a una reparación, y la rendición de cuentas ha sido mínima”.

“Durante todos los años que lleva manteniendo en funcionamiento el campo de detención de Guantánamo, Estados Unidos ha seguido proclamando su compromiso con las normas internacionales de derechos humanos. Si el responsable del vacío que representa Guantánamo en materia de derechos humanos fuera otro país, seguramente habría recibido la condena de Estados Unidos. Ha llegado el momento de que las autoridades estadounidenses dejen de aplicar este doble rasero”, apostilló.

Por ello, AI pidió a las autoridades estadounidenses que garanticen que se llevan a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos perpetradas en Guantánamo o contra personas detenidas en cualquier otro lugar, y que hagan públicos los resultados y pongan a disposición judicial a todo responsable de delitos de derecho internacional, cualquiera que sea o haya sido su cargo.

“La impunidad de los delitos de derecho internacional, como tortura y desaparición forzada, perpetrados contra personas detenidas, incluidas las de Guantánamo, es una injusticia permanente con la que Estados Unidos incumple gravemente sus obligaciones internacionales”, concluyó Guevara.