Así lo indicó en el Pleno del Congreso de los Diputados, durante el debate de convalidación del real decreto que establece la división del gestor ferroviario en una sociedad dedicada a las líneas convencionales y otra a las de alta velocidad.

Esta propuesta, dijo la ministra, es una muestra más del “firme compromiso del Gobierno con el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias como elementos vertebrador de España”.

Pastor destacó que también es el “mejor modo de lograr que el ferrocarril tenga un buen futuro” y “un paso más en la racionalización del sector”.

La titular de Fomento subrayó que es un “cambio necesario” y quiso dejar claro que se ha garantizado que los empleados, sean de una sociedad u otra, “mantengan inalterados sus derechos y garantías”.

Esta segregación del administrador ferroviario, de la que nace la nueva sociedad Adif Alta Velocidad, se fundamenta en un reciente cambio de las normas de contabilidad europeas y persigue evitar que la deuda de Adif por esas líneas compute como pasivo del Estado.

Adif prevé cerrar el próximo ejercicio con una deuda de 16.686 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 21,1% con respecto a los 13.776 millones de endeudamiento previstos para 2013.

No obstante, el real decreto establece también que los efectos de la escisión se retrotraen contablemente al 1 de enero de este año, con lo que el Ejecutivo evita que la deuda generada en Adif durante este ejercicio por la construcción de líneas de alta velocidad compute como déficit público.

De esta manera, establece que la autorización de endeudamiento de 2.625 millones de euros para el próximo ejercicio sea para Adif Alta Velocidad, quedando desvinculada de la misma la actual Adif.