Gallardón se refirió a este asunto en el Pleno del Congreso, donde la diputada de UPyD Irene Lozano se interesó sobre “cómo va a garantizar el Gobierno que, en la lucha contra la corrupción, los fiscales puedan cumplir los principios de imparcialidad y legalidad a que les obliga la Constitución”.

A este respecto, Lozano acusó el ministro de estar usando la Fiscalía para garantizar la “impunidad” de acusados por corrupción. Además, se preguntó si el presidente Mariano Rajoy, además de asegurar que a la infanta Cristina “le irá bien” en el ‘caso Nóos’, piensa que sucederá lo mismo con diversos encausados por corrupción, como Miguel Blesa, Jaume Matas o Carlos Fabra.

A este respecto, Gallardón aseguró que le “preocupa” tanto que la diputada de UPyD piense que se puede usar así a la Fiscalía, que “no sé si es consecuencia de su ignorancia constitucional o del ejemplo de Gobiernos anteriores, que quizás no explicaron suficientemente la autonomía del Ministerio Fiscal”.

APOYO UNÁNIME

El responsable de Justicia dijo que esto le preocupa porque la Fiscalía, según recoge la Constitución, pertenece al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo. En concreto, se refirió a que la regulación del Ministerio Público figura en el artículo 124 de la Carta Magna, en el apartado referido a la Administración de Justicia.

Además, el ministro dijo que UPyD debiera saber “que el Gobierno no puede dar ninguna orden al fiscal” sin que se haga público, “porque estamos sometidos al principio de transparencia y tiene que ser por acuerdo de Consejo de Ministros, y sometido después a la Junta de Fiscales de Sala del tribunal Supremo”.

Por último, el responsable de Justicia defendió que el actual fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, contó con el apoyo unánime del Consejo Fiscal, además de que en su nombramiento, como el de sus predecesores, participan los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-.