En un comunicado, el organismo que preside Elvira Rodríguez apuntó que la adquisición de una participación de control de una sociedad cotizada (30% de derechos de voto) está sujeta a la formulación obligatoria de una oferta pública de adquisición por el 100% de los valores a un precio equitativo.

“Esa obligación es de aplicación con independencia de la situación financiera en la que se encuentre la sociedad en cuestión”, subrayó la Comisión.

Desde el supervisor indicaron que el precio equitativo deberá de ser aprobado por la CNMV, que tendrá en cuenta, entre otros extremos, un informe de valoración de la sociedad realizado por un experto independiente.

Si la oferta pública de adquisición no fuera autorizada, bien por incumplimiento del precio equitativo o por cualquier otro extremo, se suspenderán los derechos políticos de las acciones que correspondan directa o indirectamente al oferente y a quienes actúen concertadamente con él, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley del Mercado de Valores.

Además, subrayaron que idéntica circunstancia tendrá lugar si no se formulara la oferta pública de adquisición de valores.

En el caso de las adquisiciones de participaciones de control por capitalización de créditos en acciones, la excepción a la exigibilidad de oferta pública sólo será aplicable cuando la operación se conciba para garantizar la viabilidad financiera a largo plazo de la sociedad. Este extremo deberá ser “fehacientemente” acreditado ante la CNMV.