En concreto, habían presentado enmiendas de totalidad de devolución del texto el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC.

De este modo, estas enmiendas sufrieron 182 votos en contra, 145 a favor y 2 abstenciones, con lo que quedaron rechazadas.

Durante su intervención, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, defendió que esta norma introduce medidas con el objetivo de reducir la desigualdad, evitando situaciones de desprotección de los consumidores.

La ministra indicó que la reforma de este texto se traduce en "más y mejor información".

"Permitirá aprovechar al máximo las oportunidades que generan las nuevas tecnologías, con la máxima transparencia, confianza y seguridad", aseveró la ministra, quien añadió que permitirá avanzar en la protección de los derechos de los consumidores, “un consumidor seguro” y “un empresario que dispone de un marco legal claro y concreto”.

Igualmente se ofrecen nuevas garantías para desistir del contrato a distancia o nuevos derechos para los consumidores y usuarios. La futura ley dota a los consumidores de nuevos derechos, referidos a la forma y los plazos de entrega y el riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, entre otros.

Mato subrayó que se trata de una regulación "necesaria", si se tiene en cuenta el "importante" crecimiento del comercio electrónico y las transacciones a distancia en los últimos años en España.

Por otro lado, la ministra apuntó que el Proyecto de Ley aborda la contratación telefónica de bienes y servicios y propone un sistema que proteja a los consumidores y usuarios, pero que no suponga "cargas excesivas" para los empresarios.

Además, la oferta no será vinculante hasta que el consumidor haya firmado la oferta, o enviado su acuerdo por escrito ya sea en papel, por fax, correo electrónico o por un mensaje de SMS.

En relación con el 'spam telefónico', la ministra reiteró su intención de impulsar un instrumento que permita poner fin a las molestias que pueden provocar a los ciudadanos.

Para ello, el Gobierno pretende que el consumidor sea informado desde la primera llamada de su derecho a oponerse a recibir nuevas ofertas, y a dejar constancia de ello a través del mismo medio de comunicación utilizado por el empresario.