Las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos por todos los implicados en el conflicto armado de Colombia, entre el Estado y las guerrillas y grupos paramilitares; la impunidad existente o la necesidad de un proceso de paz en el que las partes se comprometan con el respeto de los derechos humanos fueron algunas de las inquietudes sobre las que hizo hincapié Amnistía en la misiva.

Las conversaciones de paz formales entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), iniciadas en octubre de 2012, han suscitado expectativas de que el conflicto armado pueda tocar a su fin después de que en los últimos 20 años hayan muerto más de 70.000 personas y otros 3,5 millones se hayan convertido en desplazadas internas.

Para AI, “una paz estable seguirá siendo difícil de alcanzar a menos que todas las partes pongan fin de forma definitiva a las violaciones y abusos de derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional humanitario y que los responsables de tales abusos y violaciones sean enjuiciados en tribunales civiles”.

En ese sentido, mostró su preocupación por los intentos del Gobierno de Santos de reforzar el sistema militar de justicia, lo que podría acrecentar la impunidad existente, al ser juzgados los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos en tribunales militares, en lugar de civiles.

Amnistía Internacional confió en que el Rey y Rajoy transmitan estas preocupaciones a Santos y contribuyan de esta manera a la mejora de la situación de derechos humanos en Colombia.

Así, les recomendó que reactiven el diálogo de derechos humanos entre España y Colombia, condenen públicamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por todos los actores armados en el conflicto colombiano y pidan a Santos el cumplimiento de las recomendaciones por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Colombia y de otros organismos de la ONU, lo que incluye proteger de modo efectivo a las comunidades y los grupos expuestos a sufrir ataques, poner fin a la impunidad y tomar medidas para desmantelar los grupos paramilitares y romper los vínculos que mantienen con las fuerzas de seguridad.