Tras la petición realizada por el Cermi Estatal y el Cermi Extremadura al presidente de la comunidad, José Antonio Monago, el Gobierno de Extremadura ha establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2014 una reserva de contrataciones de servicios de la administración para centros especiales de empleo y centros de inserción sociolaboral.

Esta ley establece que los órganos de contratación de la Junta de Extremadura y sus entidades públicas dependientes deberán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro y centros de inserción sociolaboral, o reservar su ejecución a determinadas empresas en el marco de programas de empleo protegido cuando la mayoría y/o cuando al menos el 70% de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad o en situación de exclusión social.

Y añade que el importe de los contratos reservados será de un 6% como mínimo del importe de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior para la ejecución de las áreas de actividad que se determinen.

Para ello, los anuncios de licitación de los contratos objeto de esa reserva deberán mencionar expresamente la misma. Finalmente, la ley extremeña establece que mediante acuerdo de Consejo de Gobierno se determinarán las condiciones y áreas de actividad adecuadas al cumplimiento de los objetivos contemplados en la regulación normativa.

Con esta decisión, Extremadura es la tercera comunidad autónoma, tras Navarra y Castilla y León, que se suma a medidas efectivas con rango legal de contratación pública socialmente responsable a favor de personas con discapacidad y en situación de exclusión social.

En este sentido, el Cermi expresa que espera que el resto de comunidades autónomas sigan este ejemplo y pronto adapten sus legislaciones a los requerimientos de la contratación social responsable.