En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Gallardón se refirió al hecho de que dirigentes populares como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, o el extremeño, José Antonio Mongado, hayan puesto reparos a la reforma del aborto planteada desde Justicia.

A este respecto, el ministro dijo que ha hablado con todos estos dirigentes que han hablado sobre el tema y dijo que “pueden tener sus dudas”, pero sostuvo que “no hay nadie que haya dicho que prefiere el sistema de desprotección absoluta del concebido, que es lo que significa la ley de 2010”.

“Todo el mundo es partidario de la modificación, del cumplimiento del programa electoral, todo el mundo entiende que tenemos que seguir adelante con este proceso”, señaló el ministro, que dijo que se buscará la “redacción más adecuada” del texto legal dentro de una serie “límites” o principios básicos.

“REQUERIMIENTO” SOBRE DISCAPACIDAD

En este sentido, destacó que Justicia tiene unas “líneas claras” que quiere mantener respecto a la reforma del aborto, que son la Carta Magna, la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional y el Convenio para la Protección de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Sobre este último punto y respecto al debate sobre que se limite el aborto por malformaciones, el ministro dijo que Convenio de la ONU sobre discapacidad “fue suscrito por unanimidad en el Congreso de los Diputados”. Explicó que esto supone que “cualquier legislación que nosotros hagamos no establezca discriminación por razón de discapacidad”.

Incidió en que “hay un requerimiento de Naciones Unidas” para que España modifique, antes de 2015, la ley del aborto de 2010, porque “violaba el Convenio para la Protección de las Personas con Discapacidad”.

Asimismo, se refirió a que, a pesar de lo que pueda decir el PSOE, no existe ningún tratado internacional que “establezca el aborto como un derecho”. Asimismo, criticó la “arrogancia intelectual” de los socialistas para pretender que sólo ellos pueden legislar sobre “derechos y libertades”, pero es un campo en el que no puede entrar el PP.