GUPC, que se encarga del diseño y la construcción del tercer conjunto de esclusas del Canal de Panamá y en el que participan también la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, señaló en una nota de prensa difundida tras el Consejo de Administración que “no está pidiendo beneficios extra, solamente el cofinanciamiento mientras espera la decisión sobre los mismos del arbitraje internacional”.

“Los recursos financiados por la Autoridad del Canal de Panamá”, agrega, “están completamente protegidos hasta la decisión final de los árbitros sobre la responsabilidad de las partes por los costes imprevistos, teniendo en cuenta que están avalados por las garantías bancarias y de las aseguradoras obtenidas por el consorcio”.

En la nota, el GUPC afirma que los socios que lo integran están unidos y siempre han tomado decisiones unitarias y afirma que las obras, que tienen un coste de más de 100 millones de dólares por mes, en la actualidad cuentan con un avance de casi el 70% y técnicamente nada impide que se pueda alcanzar el cronograma presentado.

Sin embargo, advierte de que de sólo hay una cosa que puede afectar al proyecto: ”La difícil situación financiera en la que se encuentra a causa de los costes imprevistos que se han generado, y la consiguiente solicitud del reconocimiento económico de los mismos incurridos en la obra y presentados por GUPC”.

En este sentido, apunta que los costes están ampliamente documentados y verificados por la

ACP, que en todo momento está informada de la situación mediante un proceso de ‘libro

abierto’. Además, afirma que esos costes imprevistos están verificados por una auditoría específica efectuada por expertos independientes.

“En definitiva, no hay discusión sobre la existencia de estos costes imprevistos, lo único que se discute es quién los tiene que pagar, si el contratista o el cliente”, concluye. No obstante, las empresas insisten en que si no se llega a un acuerdo sobre la financiación, las obras no terminarán en los plazos previstos y supondrá un grave retraso, con perjuicio para todas las partes.

El consorcio liderado por Sacyr advirtió a primeros de año de la posible suspensión de las obras al detectar un sobrecoste de 1.625 millones de dólares (unos 1.177,5 millones de euros). Además, desde Sacyr indicaron que hasta el momento los socios del consorcio han invertido 280 millones de dólares adicionales para cubrir sobrecostos originados por el proyecto.