Cruzado realizó esta petición en una rueda de prensa en Madrid, con motivo de la presentación del informe de Oxfam Intermón 'Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica', en el que destaca que los 20 españoles más adinerados acumulan una fortuna de unos 77.000 millones de euros, equivalente a la renta del 20% de los más pobres (unos 9,4 millones de personas).

El presidente de Gestha señaló que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria “deben hacer un esfuerzo en modificar su forma de actuar” y subrayó que la reforma fiscal que prepara el Gobierno debe hacer hincapié en “la mejora de la progresividad” para evitar la desigualdad tributaria.

A este respecto, indicó que las medidas tomadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy desde 2010 “están gravando en mayor medida a las clases medias españolas y a las más desfavorecidas” y echó en falta “medidas hacia los sectores más favorecidos, como las grandes fortunas y las grandes empresas, que contribuyan a la salida de la crisis”.

Cruzado recalcó que “los sectores más poderosos” se han beneficiado de mejores tratos fiscales desde finales de la década de los 80, como la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio (“que provisionalmente se ha recuperado”, añadió), “la casi desaparición del Impuesto de Sucesiones”, la bajada nominal del 35 al 30% en el Impuesto de Sociedades, que las grandes fortunas y empresas utilicen las Sicav “para reducir su factura fiscal, cuando no para demorar el pago de impuestos”, y los paraísos fiscales.

“La Agencia Tributaria está más volcada en buscar esa discrepancia de las rentas del trabajo del contribuyente y con las retribuciones de capital sometidas a retención, pero echamos en falta una mayor eficacia y trabajo en relación con las bolsas de fraude”, añadió.

En este sentido, Cruzado señaló que la Agencia Tributaria dedica “menos del 20% de sus efectivos a la lucha contra el fraude” y que “demasiadas veces tiene un comportamiento que muchos ciudadanos pueden considerar como una doble vara de medir, como el tratamiento que durante estos años ha venido dando a los clubes de fútbol, más condescendiente que a cualquier otra empresa en relación a los aplazamientos”.

Criticó la amnistía fiscal adoptada por el Gobierno de Rajoy, que “no ha contribuido a aumentar la conciencia fiscal en España” y que los Presupuestos Generales del Estado de 2014 prevean que la Agencia Tributaria vaya a reducir en cerca de 800 el número de personas dedicadas a la inspección. “La verdadera voluntad de lucha contra el fraude no queda patente”, concluyó.