Los solicitantes, además, no tendrán que presentar a partir de ahora la fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

De acuerdo con el nuevo texto, la competencia de instrucción de los procedimientos de indemnización se traslada al Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, órgano creado el pasado mes de junio, y la de resolución a la persona titular de la Viceconsejería de Justicia y Administración Pública.

Anteriormente, estas atribuciones correspondían a la Dirección General de Entidades y Cooperación con la Justicia y a la persona titular de la Consejería, respectivamente.

Las indemnizaciones autonómicas a las personas que sufrieron privación de libertad durante la dictadura franquista en Andalucía vienen concediéndose desde 2001, año en que se aprobó el primer decreto regulador.

Este texto fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de más de tres meses.

En 2006, el Gobierno andaluz aprobó una nueva modificación para establecer una indemnización en pago único de 1.800 euros y extender su cobertura a quienes no pudieron acogerse a las convocatorias de 2001 y 2003 por las dificultades para acreditar la documentación exigida en los plazos previstos.

Desde el año 2001, el Gobierno andaluz ha concedido estas ayudas a 2.469 personas, con un importe global cercano a los 10 millones de euros.