“El elevado número de ejecuciones llevadas a cabo este mes en Irán es alarmante. Los intentos de las autoridades iraníes de cambiar su imagen internacional son inútiles si al mismo tiempo continúan aumentando las ejecuciones”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Sahraoui instó a las autoridades iraníes a que tomen medidas “con urgencia” para abolir la pena de muerte, pues, según añadió, “se ha demostrado una y otra vez que no tiene ningún efecto disuasorio especial sobre la delincuencia”.

Desde comienzos de este año, Amnistía Internacional ha registrado 21 ejecuciones reconocidas oficialmente por las autoridades iraníes, así como 19 más comunicadas por fuentes fidedignas, la mayoría de ellas condenadas por presuntos delitos relacionados con las drogas.

“En Irán, los delitos de drogas se ve en los tribunales revolucionarios, que incumplen de manera habitual las normas internacionales sobre juicios justos. Lo cierto es que en Irán se condena despiadadamente a muerte en juicios injustos, y es inaceptable que sea así”, señaló Sahraoui.

Amnistía subrayó que, según las normas internacionales, los delitos no letales, como los relacionados con las drogas, no cumplen el criterio de los “más graves delitos” a la que ha de estar limitada la pena de muerte.

Esta organización indicó que las ejecuciones públicas en Irán suelen llevarse a cabo por medio de una grúa, de la que se cuelga al condenado de una soga al cuello ante la muchedumbre de espectadores, y que los juicios ante los tribunales revolucionarios suelen celebrarse a puerta cerrada, dejando al arbitrio de los jueces limitar el acceso de los abogados a los acusados durante las diligencias previas en algunos casos.

Amnistía Internacional pidió a las autoridades iraníes que declaren de inmediato la suspensión oficial de todas las ejecuciones y conmuten todas las condenas de muerte y que levanten el secreto que envuelve el uso de la pena de muerte en este país.