Tardà hizo estas manifestaciones a Servimedia a raíz de la polémica surgida en Francia tras el descubrimiento de que el primer ministro galo, François Hollande, es infiel a su compañera sentimental, Valérie Trierweiler, con una conocida actriz.

Según el diputado republicano, “la vida pública de los cargos públicos debe ser pública y transparente para que podamos conocer con quien se reúnen a la hora de ejercer su labor”.

En ese sentido, Esquerra propuso modificaciones a la Ley de Transparencia aprobada en el Congreso, para que fuera obligatoria la publicidad de la agenda de los cargos públicos.

En el “espacio de confluencia” entre ambos espacios, defiende que sean públicos todos los asuntos de la vida privada del cargo que “atañen a la parte pública” de su actividad.

Sería el caso de “las incompatibilidades o `puertas giratorias´ entre la política y la empresa privada”, tales como la protagonizada por “el ministro de Defensa, Pedro Morenés, con la industria armamentística”.

También dijo deberían ser objeto de control todas aquellas actividades privadas que impliquen “el uso o despilfarro de recursos y espacios públicos a beneficio privado, como en el `Caso Corinna´”, que afectó directamente al rey Juan Carlos.

Finalmente, Tardà defiende que el ciudadano conozca aquellas partes de la privacidad de un cargo público que impliquen “la utilización de privilegios en la vida privada, desde el uso del coche oficial para llevar los hijos al colegio, hasta pasar las vacaciones en una residencia propiedad de la Administración pública”.

Con todos estos condicionantes, indicó Tardà, “la vida privada de los cargos debe ser sagrada y mantenerse en la privacidad, salvo en los casos de comisión de delitos, que entonces pasan a ser públicos”.

En consecuencia, a ERC no le parece bien “que se difunda la vida privada de Hollande, y especialmente con quien se acuesta, sea una, dos o tres y sean mujeres u hombres”.

A su entender, se debe “juzgar a los cargos públicos por aquello que hacen y dicen como tal y no por aquello que hacen o dicen en su vida privada, incluso cuando haya contradicciones entre una y otra”.

Como ejemplo “ilustrativo e hipotético”, Tardà dijo que “si existiera un vídeo privado donde el ministro Gallardón o el presidente Rajoy proponen a una mujer realizar un aborto, este vídeo no se debería publicar porque forma parte de su vida privada”.

En ese caso, insistió, “lo que debemos juzgar no es si ellos abortan o no, y menos aún quienes creemos que esto debe ser un derecho para todas las mujeres, sino que lo que hay que juzgar es que pretenden negar ese derecho a todas las mujeres”.