En una entrevista en la Cope, recogida por Servimedia, reiteró su voluntad de que casos como los de los ERE “no se vuelvan a repetir” porque, como ciudadana, “me avergüenza, me abochorna” y comprende ese mismo sentimiento en la sociedad.

Por ello, desgranó las medidas aprobadas y proyectadas para que nadie pueda “aprovecharse” de lo público, por ejemplo fiscalizando las transferencias y con una ley de transparencia “ambiciosa” que estará aprobada en verano.

Aseguró que esa ley va “más allá” que la estatal, en su opinión, porque el presidente del Gobierno ha concluido que esa lucha “no es una prioridad” en su gestión.

Esa es la explicación que encuentra al hecho de que el Gobierno no respondiera a su ofrecimiento de alcanzar un acuerdo contra la corrupción. La única reacción fue enviarle el texto que había enviado al Parlamento y eso, en su opinión, es “insuficiente” y demuestra que no se lo toma “en serio”.

Se mostró convencida de que los ciudadanos quieren “contundencia, firmeza y transparencia” contra la corrupción y ese fue su compromiso como presidenta de la Junta de Andalucía. Por eso, explicó, está aplicando “estrictamente” los informes jurídicos sobre los fondos públicos defraudados con los ERE falsos.

Sobre los fondos que la Junta reclama a UGT, reiteró que su compromiso es garantizar que el dinero público de Andalucía se destine a aquello para lo que fue concedido, y en caso de que se acredite un uso “indebido”, ese dinero “se tiene que reintegrar”.

Sin embargo, precisó, ese compromiso nada tiene que ver con “poner en cuestión” el papel de los sindicatos, en este caso UGT, como instrumentos “fundamentales” en la defensa de los derechos de los trabajadores y como interlocutores de los empresarios para esa finalidad.