La Izquierda Plural y Grupo Mixto habían pedido en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento en la que la ministra explicara lo ocurrido con las obras de ampliación del Canal de Panamá.

Solicitaban también explicaciones al presidente ejecutivo de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) sobre las repercusiones que podría tener el aval concedido a la empresa para su participación en esa obra.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, denunció que Panamá ha cifrado en un 50% el sobrecoste reclamado por Sacyr y que el Tribunal de Cuentas ha detectado “irregularidades” en la concesión del aval.

Expresó, por ello, su “preocupación” ante la posibilidad de que se rompa el contrato y “todos los españoles tuviéramos que pagar” ese aval, y reclamó explicaciones sobre las gestiones desplegadas por Pastor.

En nombre del Grupo Mixto, Joan Tardà, de ERC, relató lo sucedido desde la “asombrosa” oferta de Sacyr, el aval “sin la debida cobertura legal” y la exigencia de aumento del precio “alegando cuestiones técnicas” como al parecer algunas empresas “hacen cotidinamente en España con la aquiescencia de las administraciones”.

Al parecer, dijo, en Panamá son “más rigurosos con el dinero público” que en España y por eso Sacyr recurrió “al chantaje” amenazando con dejar las obras a medias y “como respuesta a ese pulso” Panamá sugirió la posibilidad de ejecutar el aval y contratar a otra empresa para terminar la obra.

Denunció que Ana Pastor alteró la agenda del presidente panameño como si su país fuera “una república bananera” y aventuró que no habrá coste para los españoles.

Sin embargo, al mismo tiempo, prosiguió, se ha sabido que el PP “ha recibido donaciones en B de esa empresa” y que los expresidentes tienen cuentas en Suiza. Pidió por todo ello que la ministra explique sus gestiones y si habrá dinero público para “salvar el negocio” de esa empresa.

En nombre de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán respaldó las peticiones de comparecencia pese a no compartir íntegramente los argumentos de quienes las solicitan.

También CiU las respaldó, y su portavoz, Pere Macias, apoyó que los ministros defiendan los intereses de empresas españolas, pero precisó que deberían ser “todo tipo de empresas”, especialmente las pymes, que son las que más lo necesitan.

Más allá de la opinión que merezca la intervención del Gobierno en esa defensa, Macias se mostró convencido de que, si se produce, “debe darnos cuenta a nosotros” como representantes de los ciudadanos, por una mera “exigencia democrática”.

De hecho, advirtió, una buena gestión política de la ministra en este caso “podría verse desautorizada” por la negativa del PP a que comparezca para explicar esa gestión.

El socialista Rafael Simancas subrayó el interés del PSOE en que un problema entre empresas no derive en una crisis diplomática o en un riesgo de reputación para las empresas que concursan por obra pública en todo el mundo.

Respaldó que el Gobierno trabaje por lograr un acuerdo entre las partes pero “sin protagonismos excesivos” que podrían generar expectativas que no se cumplan o que generarían un “efecto contagio”, y en todo caso asegurando que no hay perjuicio alguno para las arcas públicas.

Pidió actuar “con más eficiencia que efectismo, con prudencia y con responsabilidad”, y respaldó que se explique todo en el Parlamento porque “no pasa nada”.

Respaldó también la petición de comparecencia del presidente de Cesce aunque precisó que el Tribunal de Cuentas no percibe “ni una sola ilegalidad” sino una situación “atípica porque no se hacen canales de Panamá todos los días”.

En todo caso, aseguró, en el “improbable caso” de que hubiera que ejecutar la garantía, sería Sacyr quien debería hacerse cargo, por lo que “no hay riesgo alguno” para los ciudadanos.

En nombre del PP, Andrés Ayala se mostró partidario de “separar la paja del grano” porque lo que se trata en la Diputación Permanente es de dilucidar si esa comparecencia es urgente o no, si es “imprescindible” convocarla antes del 31 de enero, antes del comienzo del periodo ordinario de sesiones.

En su opinión, la comparecencia ahora de la ministra es “inedecuada” y “prematura”. Su reacción, subrayó, ha sido “rápida, eficaz”, como en ocasiones anteriores, y la negociación aún “debe dar sus resultados”.