En la Diputación Permanente del Congreso, el PSOE por un lado y La Izquierda Plural junto con el Grupo Mixto por otro, pidieron la comparecencia en comisión de los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Además, los socialistas pedían también la comparecencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso en la que debatir y votar una proposición no de ley que insta al Gobierno a retirar el anteproyecto.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, aseguró que la “grave” decisión del Gobierno cumple los requisitos para ser debatida “a la mayor urgencia” porque implica derogar una legislación “que en 2010 nos equiparó a la mayoría de los países europeos” y reconoció a las mujeres el derecho a decidir sobre su maternidad.

Acusó al Gobierno de querer llevar a las mujeres “por un tenebroso túnel del tiempo más de tres décadas atrás” para aplicar convicciones “particulares” que solo tiene una “exigua minoría” de la sociedad, la misma que se opuso a las legislaciones anteriores.

En su opinión, el anteproyecto está “fuera del sentir mayoritario de la sociedad” e incluso de parte del PP, y es “impropia de nuestro siglo” al tratar a las mujeres como personas “incapaces” a las que arrebata una decisión que les corresponde.

Habitualmente las regulaciones de derechos van quedando obsoletas, dijo Valenciano, pero resulta “alarmante” un salto atrás de este calibre porque así lo decide “un buen día” el Gobierno.

Con la ley que propone el Ejecutivo, advirtió, será “prácticamente imposible abortar legalmente” en España, y el 92% de los abortos que se practican ahora tendrían que hacerse en la clandestinidad o fuera de España. Los pocos que cabrían en la ley, aseguró, se practicarían después de una “carrera de obstáculos” y, en consecuencia, “muchas más semanas” más tarde que ahora, por lo que serán “mucho más gravosos” para la salud de la mujer.

Valenciano se encaró con la dirigente del PP Sandra Moneo, a la que preguntó “a qué mujeres conoce” para decir que algunas utilizan el aborto como método anticonceptivo, algo que es “falso” según los datos del Ministerio de Sanidad, y que constituye “una falta de respeto” a las mujeres.

Aseguró que la reforma es “innecesaria” porque con la legislación vigente ha descendido el número de abortos, y reprochó al PP que no hay “rastro del consenso del que hablan” cuando recuerdan la ley de 1985, ya que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por Alianza Popular, ya que la derecha española “jamás ha apoyado la libertad sexual y reproductiva de las mujeres”. Lo que sí existe ahora, aseguró, es un consenso “abrumador” favorable a una legislación de plazos.

La dirigente socialista subrayó que la reforma sólo ha convencido al líder ultraderechista francés Le Pen, ha abierto una fractura en la sociedad e incluso en el PP, y espetó a los dirigentes de ese partido a no hablar de protección a la maternidad mientras haya un solo niño en España por debajo del umbral de la pobreza. “Abran el debate”, dijo al PP, “o, mucho mejor, retiren este vergonzoso y machista” anteproyecto.

La portavoz de La Izquierda Plural, Caridad García, apeló a diversos informes de todo tipo para subrayar que la decisión sobre ser madre o no corresponde únicamente a la mujer, y se trata de un derecho conquistado que el Gobierno pretende eliminar.

Las peticiones de comparecencia fueron respaldadas expresamente por Jon Iñarritu, de Amaiur; Joan Tardà, de ERC; y Olaia Fernández, del BNG, todos ellos del Grupo Mixto.

Iñarritu alertó de que la reforma dejaría a España entre los países “más reaccionarios” del mundo con un ataque “frontal” al derecho de las mujeres a decidir “sobre sus cuerpos y sobre sus vidas”, y abogó por avanzar en el laicismo para alejar a las legislaciones de las distintas confesiones religiosas y “sus obsesiones”.

Tardà aseguró que el ministro Gallardón y el presidente de la Conferencia Episcopal arderán en el infierno por haber tardado dos años en presentar esta reforma, si realmente “abortar es matar”. Esta reforma, alertó al PP, “será su Trafalgar”, porque serán las propias mujeres que votan a ese partido las que la frenarán. “Se van a comer con patatas esta ley”, sentenció.

Olaia Fernández advirtió del calibre “reaccionario” de una reforma que trata a las mujeres como seres “irresponsables” cuyas decisiones deja en manos de “los varones”.

Aitor Esteban, del PNV, respaldó las peticiones por entender que el texto propuesto devuelve a España a tiempos “bastante anteriores” incluso a la década de los ochenta, y por considerar que al legislar “para todos” no se puede imponer “la propia moral o las propias creencias”. Además, argumentó, “va en contra de la línea europea” y dejaría a España como una “especie de isla”.

En nombre de UPyD, Rosa Díez reiteró su posición contraria “en el fondo y en la forma” al anteproyecto, y lo atribuyó a un intento de legislar en función de lo que “para algunos es pecado” aunque después “como se confiesan, no importa”.

CiU votó conjuntamente las peticiones de comparecencia pero con argumentos diferentes en el caso de las dos formaciones que componen la coalición.

En nombre de Unió, Josep Sánchez Llibre respaldó las comparecencias por entender como positiva la información y la transparencia, pero precisó que no pedirá la retirada del anteproyecto en coherencia con la trayectoria de su formación en todo lo relacionado con el derecho a la vida.

Sánchez Llibre aseguró que Unió definirá su posición cuando el anteproyecto sea un proyecto de ley en el Parlamento, y sugirió que PP y PSOE están “instrumentalizando” este debate para “tapar sus debilidades” ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

Por su parte, Pere Macias, de Convergencia, se mostró partidario de que todos los grupos ejercieran la misma libertad de voto que CiU en cuestiones “de dimensión ética”.

Explicó que Convergencia comparte calificativos que se han dicho del anteproyecto, algunos de ellos desde sectores cercanos al PP, como es un “viaje a un pasado oscuro y lejano”, “técnicamente pésimo”, “clasista”, “profundamente injusto”, “éticamente reprobable”, “de muy difícil cumplimiento”, “hipócrita y cruel con las mujeres”.

Sobre todo, cree que la reforma es “inncesaria” porque, al no haber demanda social, conflictividad reconocida o cambios sociales que las justifiquen, las leyes suelen ser “caprichosas y sectarias”, y por eso reclamó expresamente que el proyecto no llegue al Parlamento.

La portavoz del PP, Sandra Moneo, leyó su discurso sin responder a las intervenciones anteriores, de las que afeó los argumentos “sesgados y superficiales” que llegan incluso a “trivializar” la interrupción del embarazo.

Aseguró que nadie, tampoco con este anteproyecto, obliga a una mujer a ser madre, y reprochó a los socialistas que sigan “enredados y obsesionados por negar la evidencia”, como es el hecho de que detrás de un embarazo hay una vida y detrás de un aborto está “el fin” de esa vida.

El discurso del PSOE, denunció, equipara a las mujeres con seres “insensibles” a modo de “estatuas de cartón piedra” e ignora que todas ellas “quieren alternativas para no tener que abortar”.

La evidencia científica, reiteró, es que el concebido y no nacido es una vida “distinta” a la de la madre y merece protección “desde el primer momento”, y en ello se basó el consenso que, aseguró, suscitó la ley de 1985 y que el PSOE rompió con una ley “tremendamente radical”. “No existe un derecho al aborto”, concluyó Sandra Moneo, apelando a la legislación comparada que garantiza la vida en gestación, incluso con regulaciones de plazos.