En un auto dictado este lunes, el juez Velasco ha ordenado la entrada en prisión de Asier Aranguren Urroz, Aitziber Sagarminaga Abad, José Luis Campos Barandiarán, Egoitz López de la Calle, José Miguel Almandoz Erviti, Miren Aintzane Orkolaga Etxaniz y los veteranos abogados de presos etarras Arantza Zulueta y Jon Enparantza Aguirre.

El juez Velasco atribuye a los ocho integrantes del ‘frente de cárceles’ de ETA un delito de pertenencia a organización terrorista y asegura que actuaban como “un enlace que permitía la comunicación entre la banda terrorista y sus internos en prisión”. “Todos los arrestados pertenecían al KT o Grupo Coordinador (Koordinazio Taldea)”, señala.

El juez también apunta que las treinta cajas de documentación reunidas por los agentes de la Guardía Civil en el registro de las despachos de abogados confirman que se encontró “un 'pen drive' machacado conscientemente”, así como soporte informáticos escondidos “en cojines de sofas” y “cables arrancados” de los ordenadores.

Según el auto, se encontró además un “canutillo de papel cebolla” que contenía “una comunicación de la directiva de ETA de diciembre de 2013 dirigida a sus militantes”. El instructor de la causa, señala también que “tres de los detenidos intentaron huir del local mientras otros dos vigilaban la calle”.

Velasco señala que uno de los detenidos portaba un 'pen drive' con documentos sobre la estructura de ETA “para dirigir y controlar el frente de cárceles”. En base a los informes, Velasco determina que este grupo de miembros de KT “contaba con un alto grado de autonomía” que le permitía ser “un brazo operativo más de ETA”, algo que se “corrobora con los documentos que en su día se ocuparon a dirigentes de Herrira.

DECLARACIÓN DE UNA EMPLEADA

En el marco de este proceso, el juez cita a declarar el próximo 16 de enero a las 12.00 horas a la empleada del despacho de abogados de Bilbao Naia Zurriarain para que explique la introducción de “un canuto con intrucciones de ETA” a Asier Arzalluz, preso en una cárcel de Sevilla.

Ese mismo día, el juez cita a “quienes consideren que dentro de los efectos ocupados en los registros se les haya incautado documentos desvinculados del entorno etarra”, para que lo indiquen, con el objetivo de evitar incorporar a la causa documentación perteneciente personas que no están involucradas en este proceso.

FILTRACIÓN DE INTERIOR

Velasco también hace alusión al error del Ministerio del Interior que alertó a los detenidos del registro del despacho de abogados de la calle Elcano en Bilbao. Según el auto, “en contra de lo que venía siendo habitual” en las reuniones anteriores “controladas por la Guardía Civil”, los ocho detenidos “no aparecieron reunidos sino dispersos destruyendo documentos”.

En su auto, el juez se apoya en el escrito de la Fiscalía, donde se solicita el ingreso en prisión de todos los detenidos ante el riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas. El fiscal Miguel Ángel Carballo también alude al peligro de reiteración delictiva para solicitar la entrada en la cárcel de los ocho arrestados.

Durante casi dos horas de interrogatorio, los ocho detenidos se han negado a declarar ante el juez. Los arrestados el pasado miércoles en la operación contra el ‘frente de cárceles’ de ETA comenzaron a declarar sobre las 12.00 horas de este lunes ante el juez por su presunto papel como intermediarios entre la banda terrorista y los presos etarras, finalizando su comparecencia en torno a las 13.45 horas.

Tras la detenciones realizadas el pasado miércoles, Velasco prolongó el arresto de los ocho detenidos 48 horas, mientras se realizaban los últimos registros y se reunía todo el material requisado por los agentes de la Guardía Civil. Durante este tiempo, los detenidos permanecieron comunicados.