El origen de esta investigación se encuentra en el denominado ‘caso ITV’, una investigación abierta por la supuesta comisión de delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función en la mediación entre la Generalitat de Cataluña y un grupo de empresarios para la adjudicación de los concursos de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

En su comunicado, la Fiscalía señala que junto al hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol también aparecen implicados en este caso su mujer, Ana Vidal Maragall, y los empresarios Ricard Puignou Vigo y Sergio Alsina Jiménez.

Una parte del ‘caso ITV’ se encuentra en el Tribunal Supremo. En concreto, el Alto Tribunal procedió el pasado septiembre a la apertura de juicio oral contra el juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC Joaquin José Ortiz Blasco, por entender que asesoró de manera permanente a la empresa Certio sobre asuntos que, necesariamente, debía resolver.

Otro caso similar es el del también magistrado del TSJC Emilio Aragonés Beltrán, a quién el Supremo imputó en octubre por su participación en la negociación de las ITV.