De acuerdo con estas mismas fuentes, el INEM ha comprobado, además, y así lo ha hecho saber a la Audiencia Nacional, que en el año 2001 se subvencionaron un total de 159.000 cursos para dos millones de alumnos, pero la mayoría de los investigados no se impartieron.

Para realizar estos cursos, la Unión Europea destinó subvenciones por valor de 600 millones de euros, gestionados por la Fundción de la Formación Continua (Forcem), de los que se calcula que al menos el 15 por ciento fue defraudado.

Según las mismas fuentes, se trata de un fraude de grandes proporciones, por lo que será necesario reforzar los medios del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por Teresa Palacios, en el que ha recaído la investigación que, se calcula, durará al menos tres años.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que, indiciariamente, los hechos que se estáninvestigando en el juzgado de Teresa Palacios podrían ser constitutivos de un delito de fraude a los intereses de la Unión Europea, apropiación indebida y falsificación documental.

Así, para llevar a cabo la defraudación, no sólo se fingieron cursos que jamás se llevaron a cabo, sino que además se falisificaron firmas de alumnos a los que se dijo que el curso tenía una duración sensiblemente inferior a la real, entre otras cosas.

Según fuentes de la investigación, el Juzgado Central de Instrucció número 3 de la Audiencia Nacional no pedirá, por el momento, documentación alguna al Tribunal de Cuentas, que investiga el fraude en los cursos del Forcem de 1996 a 1998.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional trata de esclarecer si los sindicatos UGT y CCOO, y algunas organizaciones empresariales, se aprovecharon de estas subvenciones a la formación para financiarse a lo largo del año 2001.