La interposición de este recurso por parte de Cataluña se recoge este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se establece un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada.

El mencionado decreto reconoce a las organizaciones que componen el Tercer Sector de Acción Social, unas 29.000 en España, según el Gobierno, como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado.

Su objetivo es, tal y como explicó en su día el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, garantizar el mantenimiento del régimen de ayudas a las entidades y organizaciones del Tercer Sector de Acción Social que tengan ámbito estatal, "que desarrollan un papel fundamental de colaboración con los poderes públicos para atender situaciones de emergencia social".

Las ayudas, explicaba el Ejecutivo, se destinarán al mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de las sedes centrales de las entidades y organizaciones beneficiarias.