La EFET sostiene en un comunicado que la “incertidumbre regulatoria, como el caso de la inesperada cancelación de la subasta Cesur, desincentiva la participación en el mercado y crea un riesgo regulatorio adicional que se incorpora en los precios y que soportan los consumidores finales”.

De esta forma, denuncia la “perjudicial intervención” sobre el funcionamiento normal del mercado mayorista de electricidad en España durante el mes de diciembre, y destaca la necesidad de que todos los gobiernos y reguladores respeten ciertos principios básicos del Mercado Interior de Energía.

En esta línea, la federación apoya el llamamiento de la Comisión Europea a implantar mecanismos de concurrencia que permitan la negociación de la energía “de forma abierta, transparente y sostenible”, “sin intervenciones políticas para fijar los precios” (salvo en casos concretos de usuarios finales residenciales, por razones de escasez de combustible o exclusión social). Y anima al regulador nacional a que siga “fortaleciendo” su función de supervisión independiente.

Ante esta situación, dice que el Ejecutivo y el regulador nacional, la CNMC, deben trabajar en una reforma del diseño del mercado mayorista de electricidad en España con el objetivo de mejorar su profundidad y liquidez.

También reclama medidas al Ejecutivo para que asegure que los nuevos procedimientos de contratación que se establezcan sean “consistentes” con los principios del Mercado Interior de la Energía, eliminando “cualquier duda sobre la validez” de los precios que resulten del mercado mayorista y “evitando la intervención directa sobre los precios”.

Para EFET, un marco regulatorio “estable y predecible” es “requisito para que un mercado funcione de manera correcta”, por lo que, sostiene, los reguladores deben asegurar la libre concurrencia e investigar las actividades en el mercado de manera precisa.

La EFEF hace esta valoración después de que el pasado 19 de diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) declarara no válida la subasta que tenía que marcar el coste de la energía que debían abonar los usuarios de la Tarifa de Último Recurso (TUR). En un informe previo aludió a “circunstancias atípicas” para adoptar esta decisión.

Tras esta invalidación, el Gobierno decidió fijar un sistema para determinar el coste de la energía que deberán abonar la mayoría de los consumidores en España, y el 27 de diciembre aprobó un mecanismo transitorio para calcular el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), antigua Tarifa de Último Recurso (TUR), para la electricidad en el primer trimestre del año.

Para la EFEF, este acto del Ejecutivo “ha culminado” la intervención del mercado español de electricidad y se trata de una decisión que “ha dañado a un conjunto de empresas que operan de forma habitual en el mercado y que aplican sus mejores prácticas de gestión de riesgo”.