De ellos, siete fueron detectados en frontera y se rechazó su importación, mientras que otros 30 fueron retirados del mercado y prohibida su comercialización.

En los ocho restantes, fue el propio fabricante quien, como obliga la normativa, comunicó a las autoridades de consumo la existencia de posibles riesgos en sus productos y adoptó las medidas necesarias para paliarlos.

La mayoría de los productos sobre los que se alertó (doce) fueron eléctricos, seguidos de juguetes (ocho) y vestimenta y calzado infantil (cinco).