En una auto dictado este martes, el juez Castro imputa a la Infanta en el ‘caso Nóos’ al establecer que “difícilmente” su marido podría haber cometido presuntos delitos contra la Hacienda Pública sin “el conocimiento y aquiescencia de su esposa” por mucho que “de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado”.

El instructor también cuestiona que la Infanta no utilizara su “paritario potencial participativo” en la sociedad Aizoon para “instar la presentación de rectificaciones de liquidaciones anteriores supuestamente defraudatorias”.

A este respecto, Castro no comparte la posición de la defensa de la Infanta, que sostiene que “la legislación mercantil no le encomienda una especial posición de garante respecto a la actuación del administrador”.

Según el instructor, esta causa no pretende dilucidar si la Infanta “ha cumplido o no algún deber societario del que pudiera derivar alguna responsabilidad de esta misma naturaleza”, sino determinar “hasta qué punto la infanta Cristina esta de facto llamada a conocer las irregularidades que se estaban cometiendo en el seno de la entidad corporativa”.