Se trata de la normativa que dejará sin efecto el concurso eólico realizado en la pasada legislatura y que elimina la participación pública de la Xunta contemplada en el anterior decreto.

Frente al apoyo de los populares a este texto legislativo, la oposición manifestó su rechazo rotundo, alegando cuestiones como la "parálisis" que ocasionará en el sector en los próximos años y también que "no defiende los intereses del país".

El diputado nacionalista y ex consejero gallego de Industria, Fernando Blanco, recriminó a los populares que para "derogar jurídicamente el anterior decreto" elaboren una ley sólo porque "no encontraron motivos para suspenderlo". Así, culpa a la Xunta de pretender que "los gallegos no perciban ningún beneficio".

El BNG ve en la normativa "una excusa para que el PP pueda hacer lo que quiere con el sector eólico", lo que perjudicará "a las empresas gallegas".

En términos similares se pronunció el diputado socialista Abel Losada, quien aseguró que es "imposible que antes de 2012" estén en marcha proyectos eólicos, debido al "retraso" que a su entender ocasiona la nueva política que aplican los populares.

DEFENSA DE LA NORMA

Por su parte, Pedro Arias, diputado popular encargado de defender esta ley en la Cámara, afirmó que si el bipartito no hubiese mostrado "sus discrepancias" sobre el decreto eólico que a su entender generaba inseguridad jurídica "no estaríamos aquí".

Asimismo, defendió el texto porque cree que acaba con la "inseguridad jurídica" y consideró que ningún grupo del Parlamento gallego tiene "el patrimonio, el monopolio de ser justo, coherente y eficaz respecto a los intereses del pueblo gallego".

Así, demandó de los partidos que conforman la oposición que esperen para hacer "juicios de intenciones" sobre la aplicación práctica de los textos aprobados, pues considera que hacerlos ahora es "apresurado".

EL NUEVO CANON

Según la Xunta, el nuevo canon eólico que se crea permitirá ingresar 1.032 millones de euros durante los 20 años de vida útil de los parques, algo que contrasta, afirman, con los 567 millones que según sus cálculos corresponderían al modelo del bipartito.

Al entender de los grupos de la oposición este canon es "de difícil aplicación", pues consiste en "gravar" una energía que por parte del Estado recibe ayudas para su implantación, dado su carácter renovable.