Este informe, cuyo contenido se conoció a principios de noviembre, también se refiere a que en el período objeto de análisis había 17 partidos en quiebra, al tiempo que se destaca que estas organizaciones no pueden vivir “por encima de sus posibilidades”.

En concreto, el órgano fiscalizador se refiere a que, del análisis de las cuentas presentadas, puede concluirse que 10 de las formaciones tenían “patrimonio neto negativo” en 2009, mientras que estos partidos con problemas eran 13 en 2010 y de 17 en 2011.

El Tribunal de Cuentas añade en su documento que “las formaciones políticas deberán ajustar sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados”.

FINANCIACIÓN PÚBLICA

Asimismo, el informe se refiere a que “la financiación pública percibida por los partidos políticos en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 ha supuesto un total de 287,1 millones de euros, 247,0 millones de euros y 316,0 millones de euros, respectivamente, según resulta de las comunicaciones remitidas”.

Otro aspecto al que se refiere el órgano fiscalizador es a la deuda con los bancos de los partidos analizados, que es de 237,0 millones en 2019, 218,4 millones en 2010 y 275,3 millones en 2011. De este dinero, 145,4 millones de euros, 153,1 millones de euros y 149,9 millones de euros corresponden a deuda con garantía hipotecaria.

Asimismo, el informe apunta que existen donaciones no identificadas por un total de 107.623,03 euros en el ejercicio 2009 y 136.417,11 en 2010 (ambas correspondientes a Izquierda Unida de Andalucía) y por 176.297,24 euros en 2011 (de las que 93.817,24 euros corresponden a Izquierda Unida de Andalucía y 82.480 euros a Partido Aragonés). Esto incumple la prohibición prevista en el artículo 5 de Ley Orgánica 8/2007 de que los partidos no podrán aceptar o recibir donaciones anónimas.