Explicó que, según la Organización Mundial de la Salud, 80.000 mujeres mueren al año en el mundo por someterse a interrupciones del embarazo en situación de clandestinidad y manifestó que aprobar este proyecto de ley es “un ataque directo contra la vida de las mujeres, contra sus derechos sexuales y reproductivos”.

Asimismo, indicó que, con esta ley, las mujeres españolas no podrán abortar en España, “ya que los requisitos burocráticos, legales y médicos exigidos impedirán que sea una práctica sanitaria normalizada” y destacó que “no solo acaba con un derecho básico y fundamental de las mujeres, sino que condena a estas a continuar con su embarazo contra su voluntad”.

Criticó que en el siglo XXI “la maquinaria más reaccionaria se haya puesto en marcha” y afirmó que el aborto es “un derecho que supone la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos”. “Un derecho, hasta ahora garantizado de manera muy deficiente, que hoy pretenden arrebatar a las mujeres”, añadió.

Además, opinó que “la existencia de un marco regulador que permita interrumpir los embarazos no deseados no significa imponer los abortos, sino la creación de garantías de protección para que las mujeres que tengan que hacer uso de él no pongan en riesgo sus vidas” y añadió que los países que presentan menores tasas de aborto se rigen por leyes no restrictivas.