“Se mantiene la injusticia de castigar a un inocente por el delito cometido por un tercero. Si la presunción de inocencia es un valor democrático consagrado, no se entiende que el que es inocente a todas luces sea condenado a morir”, aseguró Arsuaga. Según la plataforma, el Estado tiene la obligación de “proveer a la madre que sufre una violación de los sistemas asistenciales necesarios y ofrecer, en último caso, vías para la adopción y cuidado de esos niños”.

No obstante, desde esta plataforma pro vida se cree que la iniciativa del Gobierno de Rajoy es “un paso adelante positivo” y celebró que el Ejecutivo “por fin” haya decidido la derogación de la “nefasta Ley Aído”.

Sin embargo, la plataforma subrayó que seguirá movilizándose y defendiendo el ‘aborto cero’ porque “el grave peligro para la vida o la salud física de la embarazada” recogido en el texto “puede seguir siendo un ‘coladero’” porque recupera el “falso argumento del ‘peligro para la salud’ de la mujer gestante”. “El embarazo no es, ni causa ninguna enfermedad”, añadió, por lo que el Estado debe garantizar que la mujer lo viva en las mejores circunstancias posibles.

Arsuaga también consideró que la acreditación del riesgo por parte de dos médicos para practicar el aborto pone en “grave peligro de fraude” porque se podrían producir cuerdos “bajo cuerda” entre los facultativos. Tampoco consideran que la sanidad pública deba sufragar la interrupción del embarazo.

DELITO

“Esta nueva ley, desde su título (Ley para la protección de la vida del concebido) traslada el debate sobre la ley a sus justos términos. El aborto deja de ser un derecho, y pasa a ser un delito, algo muy negativo. El anteproyecto trata de defender la vida del concebido, que se presenta como lo que es: un ser humano cuya vida merece protección”, declaró.

Entre las mejoras, el líder antiabortista también resaltó la prohibición de publicidad de servicios de aborto, que amplíe el plazo obligatorio para que la mujer sea informada de todas las alternativas al aborto y que quede derogada la parte de imposición educativa contemplada en la ley de 2010, que obligaba incluso a los estudiantes de medicina a hacer prácticas de aborto.