Según Uteca, que agrupa a los cuatro operadores privados de televisión de cobertura nacional, "dicho pronunciamiento no es contra la actuación de las televisiones, sino contra una decisión del Consejo de Ministros, lo cual abre la puerta a que el Estado deba asumir frente a ellas fuertes indemnizaciones".

Asimismo, la asociación indica que el auto judicial "no cuestiona el estricto cumplimiento por los operadores de televisión de todas y cada una de las obligaciones impuestas por los distintos gobiernos durante los cinco años del proceso de transición de la televisión analógica a la TDT, ni tampoco la legitimidad de la confianza de esos operadores en la culminación del proceso con la adjudicación de los canales ahora anulada por el Supremo. Los operadores han actuado en todo momento de buena fe y han asumido las obligaciones y ejecutado con disciplina los planes que las diferentes administraciones han ido estableciendo en el proceso de implantación".

A juicio de Uteca, la decisión del Supremo, que basa su pronunciamiento en "cuestiones puramente formales" e insta al Gobierno al cierre de nueve canales, "pone en situación de grave precariedad a gran parte del sector, al eliminar miles de horas de emisión con sus correspondientes empleos asociados, directos e indirectos, agravando aún más la difícil situación económica por la que atraviesa un sector que ha destinado a la implantación de la TDT cientos de millones de euros durante los últimos ocho años".

Por ello, Uteca espera que el Gobierno adopte cuanto antes "las medidas necesarias para conciliar el marco legal con el cumplimiento de los compromisos que el Estado adquirió en su momento con los operadores, eliminando definitivamente la incertidumbre en la que se viene desarrollando la actividad desde hace meses". Asimismo, manifiesta su disposición a "alcanzar acuerdos que eviten las gravísimas consecuencias generadas por esta situación".