Asimismo, en este anteproyecto de ley se incluirán también mejoras en la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos para reducir el número de denegaciones que se producen en las solicitudes para acceder a esta ayuda.

Hace dos semanas la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, presentó un informe al Consejo de Ministros sobre esta reforma y subrayó que el objetivo será dotar de mayor seguridad jurídica al sector de las mutuas “superando la dispersión” que en la actualidad existe en su regulación.

También buscará corregir las irregularidades detectadas en la gestión de las mutuas, por lo que recordó la “multitud de sentencias” del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional sobre este tipo de infracciones, así como los distintos informes de la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas o las autoridades de competencia.

Así, defendió que la reforma tratará de “garantizar” que las mutuas “destinan los fondos públicos a fines públicos”, así como a incrementar “la eficiencia en su gestión”.

Por otro lado, la reforma facilitará que las comunidades autónomas firmen convenios de colaboración con las mutuas para aprovechar la capacidad de éstas en los servicios de salud, “sobre todo en el diagnóstico y la atención hospitalarias”.

Por último, Báñez destacó que la reforma en la normativa que regula la gestión de las mutuas “va a suponer una mejora de la competitividad”, así como “ahorros a las empresas”. “Es una nueva reforma que ayuda a la competitividad del país”, defendió.