La norma, que tiene por objetivo fundamental la eliminación del déficit tarifario, que actualmente supera los 26.000 millones de euros, regresó a la Cámara Baja tras su paso por el Senado y recoger varias modificaciones como el reconocimiento de un déficit eléctrico para 2013 por un máximo de 3.600 millones de euros, fruto de la eliminación del compromiso del Estado de aportar diversas cuantías.

La ley sólo ha recibido el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, ya que la totalidad de la oposición, que criticó la ausencia del ministro José Manuel Soria durante el último debate parlamentario o de la norma, denunció que con esta ley no se solucionan los problemas del sistema eléctrico, sino que se prima a las grandes compañías. Desde CiU y PNV respaldaron aquellos cambios que habían introducido, de la mano del PP, en el Senado.

Desde la oposición denunciaron el uso por parte del Gobierno de la mayoría absoluta del Partido Popular al introducir en el Senado varias enmiendas al texto que aprobó inicialmente el Congreso y que suponen la derogación de dos partidas presupuestarias fijadas por otras dos leyes.

Esta norma, uno de los pilares fundamentales de la reforma eléctrica impulsada por el Gobierno, también contempla la sustitución de la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), como el precio máximo de referencia al que podrán contratar los consumidores de menos de 10 kW de potencia contratada que deseen utilizar esta modalidad frente a una negociación bilateral con una comercializadora.

A partir de entonces, las tarifas de último recurso quedan para los colectivos denominados “vulnerables” y para los consumidores que carezcan transitoriamente de un contrato de suministro con un comercializador.

La ley también supone cambios en los regímenes retributivos del transporte, la distribución, las renovables, la cogeneración y los residuos, y regula el autoconsumo con la creación de peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema y de producción de servicios de respaldo.

Por primera vez, también se regula el autoconsumo, con la inclusión de peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema y de producción de servicios de respaldo. Este aspecto ha generado la crítica de la oposición porque, entiende, penaliza a los consumidores que quieren hacer uso de esta tecnología.

Desde el PSOE, el diputado José Segura criticó que desde que están en el Gobierno los populares “no han tenido otro objetivo que el de la disminución del déficit tarifario” y pese a varias reformas, 2013 cerrará con desajustes. “No hay un miembro del Gobierno que pueda asegurar que el déficit tarifario pueda ser de 3.600 millones de euros”, máxime porque “la cantidad no se va a conocer nada más que con un año de retraso”, denunció Segura.

Este déficit, insistió, es fruto de “la decisión del Gobierno de no cumplir con los compromisos adquiridos”.