El Pleno ha dado traslado de la demanda al Gobierno, que dispone ahora de veinte días para aportar “cuantos documentos y alegaciones estime conveniente”.

Además, el Constitucional comunica la incoación del procedimiento al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional por si ante sus respectivas Salas de lo Contencioso Administrativo estuvieran impuganados, o en un futuro se impuganaran, los preceptos que son objeto del conflicto de competencia.

En este caso, el curso de dichos procedimientos deberá suspenderse hasta la resolución del presente conflicto por el Tribunal Constitucional.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno del Tribunal, que analizará el conflicto de competencia en próximas fechas.