La formación que lidera Rosa Díez presentó su recurso ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo contra los reales decretos de nombramiento de los vocales del CGPJ a propuesta del Congreso de los Diputados y del Senado, y contra el de nombramiento del presidente de ese órgano y del Tribunal Supremo.

Basa el recurso en la tesis de que ese nombramiento vulnera la Constitución y la doctrina del Constitucional.

Dejan claro en el recurso que el objetivo no es “impugnar ni combatir” el sistema vigente de nombramiento de vocales regulado por ley orgánica, pese a que “debilita” la democracia, “destruye” la separación de poderes, “contraviene” el espíritu de la Constitución y “compromete” la independencia y la autonomía del poder judicial .

UPyD precisa que, pese a todo ello, la constitucionalidad de esa ley orgánica ya fue valorada por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1986.

Sin embargo, recuerda que, en esa misma sentencia, el Constitucional “fue muy claro” al condicionar la validez del sistema de nombramiento a que no se realizara según “un sistema de reparto de cuotas partidistas” porque supondría “frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional”.

UPyD considera que la forma en la que los partidos “se han repartido” el CGPJ “responde a un previo acuerdo fundado en un calculado reparto de coutas partidista”, que alcanza no solo a los veinte vocales sino también al nombramiento del presidente, “acordado ilegalmente con carácter previo” a la elección de los vocales”.

En la práctica, “y por más que se empeñen en negarlo”, dice UPyD en su recurso, los vocales han actuado en la elección del presidente “como meros delegados o comisionados de los partidos que los han promocionado”.

Argumenta que los partidos se han “extralimitado” en las funciones que les asigna la Constitución y el acuerdo entre ellos “conculca” el principio de independencia de la Justicia y conlleva una “vulneración” del derecho fundamental de UPyD a la participación política.

Al convertir el examen a los candidatos “en una farsa carente de contenido real” y al “eliminar cualquier posibilidad de acuerdo posterior” tras la proclamación de las candidaturas, denuncia, se ha privado de facto a UPyD de cualquier posible intervencion en el procedimineto, impidiendo con ello la finalidad de que el CGPJ refleje “el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial”.

Para el caso de que se entendiera que los reales decretos son actos con fuerza de ley, UPyD solicita “el planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad”.