Según informó este miércoles la Comisión, ninguna de las medidas fue notificada al organismo europeo, sino que le fueron comunicadas por ciudadanos interesados.

“A la Comisión le preocupa que estas medidas confieran ventajas significativas a los clubes beneficiarios, en detrimento de aquellos que deben funcionar sin esa ayuda”, señalaron desde Bruselas, para agregar que la apertura de una investigación pormenorizada proporciona a España y a los terceros interesados la oportunidad de presentar observaciones sobre las medidas en cuestión, sin prejuzgar el desenlace de la misma.

En primer lugar, la Comisión va a investigar los posibles privilegios fiscales otorgados al Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna.

Otra investigación, explica la Comisión, examinará si una permuta de terrenos “bien conocida” entre el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid incluía “algún tipo de ayuda estatal en beneficio del club”.

Por último, examinará si los avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas para préstamos utilizados para financiar al Valencia, Hércules y Elche, cumplieron las normas sobre ayudas estatales de la UE, en un momento en que esos clubes atravesaban “aparentemente por dificultades financieras”.

“Todas estas medidas se financiaron mediante recursos del Estado y confieren ventajas a determinados clubes que realizan actividades económicas en el mercado interior de la UE”, señala la Comisión.

Por lo tanto, agrega, “las medidas pueden afectar a la competencia y a los intercambios comerciales entre los Estados miembros”. En consecuencia, “parecen entrañar una ayuda de Estado en el sentido de las normas de la UE”.

En todo caso, desde Bruselas recordaron que dicha ayuda puede considerarse compatible si fomenta un objetivo común sin falsear de forma indebida la competencia en el mercado interior. Hasta el momento, España no ha aportado prueba alguna a tal efecto, aclara la institución.

El vicepresidente de la Comisión y responsable Competencia, Joaquín Almunia, indicó que “los clubes de fútbol profesional deben financiar sus costes de funcionamiento y sus inversiones aplicando una buena gestión financiera en lugar de hacerlo con cargo al contribuyente”.

“Los Estados miembros y las autoridades públicas deben cumplir las normas de la UE en este ámbito, al igual que en todos los sectores económicos”, destacó.