En declaraciones a los medios de comunicación a la puerta de la Cámara Alta, Zarrías atribuyó a la "mala fe" o el "desconocimiento", quizá a ambas cosas, la exposición que hizo en el Pleno el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para defender la norma.

Para el dirigente socialista, esta ley es "un paso para acabar con los ayuntamientos" como "administración más cercana" y "mejor conocedora de los problemas" y "presadora de servicios" a los ciudadanos, por lo que los grandes perjudicados serán éstos últimos.

Según sus augurios, los ciudadanos tendrán unos servicios "más caros, menos eficientes y de menor calidad", dado que con ellos se harán "paquetes" para negocio de empresas privadas y se producirá el "desmantelamiento del Estado del Bienestar".

Zarrías expresó su temor a que la red municipal, que cobija a los ciudadanos que se hallan en peores circunstancias, "va a desaparecer", porque "la única forma de ahorrar", como prevé la ley al someter a los consistorios a la estabilidad presupuestaria, "es desmantelar la red de servicios sociales", sin resolver "ni uno solo de los problemas que tienen los ayuntamientos" ni crear empleo, como prometió Montoro.

Según dijo, todos los sindicatos calculan que se perderán otros 150.000 empleos, a añadir a los 300.000 que se han eliminado ya. Y, por si fuera poco, las empresas privadas que entren en el negocio se repartirán el territorio para, por ejemplo en la recogida de basuras, la frecuencia semanal pasará de cuatro días a uno, su coste para los ciudadanos se triplicará y se despedirá a trabajadores del servicio público municipal.

Asumiendo que el PP ganará las próximas batallas sacando adelante la ley con su mayoría parlamentaria en una "tramitación exprés" para calmar su "mala conciencia", el dirigente del PSOE advirtió no obstante a los populares que "la guerra la van a perder".

Primero, explicó, porque el Tribunal Constitucional "determinará la barbaridad de violentar la autonomía local" y el "deterioro brutal de los servicios públicos mediante su privatización", y luego cuando se cambie la actual relación de fuerzas en el Parlamento.