Según informó el Instituto Armado, se ha detenido a 17 personas y e imputado a otras cuatro como integrantes de la red y se han practicado registros en una chatarrería, tres naves y cuatro viviendas, donde se han intervenido 50 toneladas de diversos metales, maquinaria y herramientas.

La banda desarticulada blanqueaba el dinero de sus robos mediante empresas aparentemente legales, contando con asesoría jurídica y fiscal.

Además, se les imputan delitos de trata de seres humanos, fraude a la Seguridad Social, robo con fuerza en las cosas y hurto. También se les acusa de blanqueo de capitales, defraudación a la Hacienda Pública, falsedad documental, contra el derecho de los trabajadores, coacciones, tráfico de influencias, extorsión y amenazas.

FACTURACIÓN FALSA

Entre los detenidos hay dos ex altos cargos del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), que se encargaban de dar cobertura a los trámites administrativos de esta organización. La trama contaba con una asesoría jurídica y fiscal para dar apariencia legal al entramado de empresas que habían montado y a la facturación falsa en la contabilidad de las mismas.

La red estaba perfectamente estructurada. Era dirigida por dos hermanos de nacionalidad rumana. Un segundo escalón se encargaba del reconocimiento de las zonas donde se iban a cometer los robos. El tercer grupo era el encargado de cometer los robos y el resto se dedicaba a la compra del material robado para su posterior venta o transformación, ya que poseían almacenes y chatarrerías.

Se han registrado una chatarrería, tres naves y cuatro viviendas, donde se ha intervenido unas 50 toneladas de diversos metales, maquinaria y numerosas herramientas. La red estaba establecida en el municipio vallisoletano de Aldeamayor de San Martín, donde creó empresas como el Centro de Recuperación de Metales, que era donde receptaba el material robado.

Los integrantes de la misma fueron escalando socialmente, participando y colaborando activa y económicamente en los eventos que organizaba la localidad, relacionándose con dos cargos políticos con cometidos relevantes en el Ayuntamiento, que les facilitaban y daban cobertura con trámites administrativos como autorizaciones administrativas, licencias, empadronamientos, etc.

VIVIENDAS USURPADAS

Captaban a sus integrantes unas veces mediante engaño en el país de origen y otras valiéndose de la situación precaria de los mismos. Una vez seleccionados, los alojaban en naves o viviendas usurpadas que, en la mayoría de los casos, se encontraban en condiciones infrahumanas.

Los robos los realizaban ellos mismos u otros grupos a los que controlaban, incluso les daban directrices sobre lo que querían que robasen (cobre del alumbrado, planta fotovoltaicas, explotaciones agrícolas, transformadores, viviendas, productos del campo, joyas, electrodomésticos, herramienta, gasoil, baterías o piñas).

La red estaba especializada principalmente en la receptación de productos robados, dándole salida unas veces por venta directa a interesados en la mercancía u otras hacia instalaciones de transformación y procesado de mayor envergadura y en la que entraba como material adquirido legalmente.

Esta operación la realizaban con la celeridad suficiente para evitar el rastreo y localización de los efectos robados. También están involucrados en robos con fuerza en explotaciones agrarias o viviendas, robos de piñas y tráfico de drogas, entre otras actividades ilícitas.

50 TONELADAS

Como consecuencia de esta operación, se han llevado a cabo ocho registros en inmuebles relacionados con esta organización, practicados de forma simultánea. Uno fue practicado en una chatarrería ubicada en el “Polígono El Brizo” de la reseñada localidad; tres en naves industriales que servían de almacén del material; y cuatro en viviendas, donde se han recuperado multitud de objetos procedentes de robos.

En estos registros, además de los objetos robados, se han incautado 50 toneladas aproximadamente de diferentes metales, así como de maquinaria, numerosas herramientas, radiales, compresores y motosierras.

Los ahora detenidos mantenían una actitud muy violenta en sus acciones, extorsionaban, amenazaban e incluso llegaban a dar palizas tanto a sus víctimas como a miembros de la propia red, bien para mantener la jerarquía interna o por algún encargo, cobrando por ello. A la mayoría les constan numerosos antecedentes anteriores por actuaciones de este tipo.

La operación se enmarca dentro del Plan para erradicar delitos contra el Patrimonio en explotaciones agrícolas o ganaderas y zonas aisladas, dentro del cual se han creado los Equipos Roca. Estos grupos de guardias civiles se dedican a la prevención y lucha contra los robos en dichas explotaciones y zonas rurales. Concretamente, en esta operación ha participado el Equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid.