La Administración regional está obligada a readmitir a dichos profesionales, los cuales prestaban apoyo al alumnado con necesidades especiales en calidad de técnicos en Integración Social, diplomados universitarios en Enfermería (DUEs) y fisioterapeutas, de cuyos servicios la Consejería decidió prescindir argumentando que la última reforma laboral no permite encadenar contratos temporales por obra y servicio por encima de un periodo de tiempo superior a los 24 meses.

Los profesionales afectados, según estimó Educación, son 140 trabajadores, entre integradores, fisioterapeutas y enfermeros, además de otros 150 auxiliares de hostelería y 60 auxiliares de control.

Según manifiesta el Cermi madrileño en un comunicado, esta sentencia judicial permitirá evitar “graves consecuencias”, como la pérdida de personal especializado para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, la incorporación de profesionales con poca experiencia que no conocen las rutinas y patologías de los alumnos y la dificultad de dar continuidad a las propuestas educativas que estaban en marcha.

La Consejería de Educación, cuya titular Lucía Figar compareció el pasado mes de octubre en la Asamblea de Madrid y anunció una Oferta Pública de Empleo para dar solución a la situación, dio de baja a los trabajadores mencionados e ignoró las bolsas de trabajo legalmente establecidas y para sustituirles eligió a personas con menos experiencia, según indica el Cermi.

La medida afectó a 560 (el 80%) de los 700 profesionales que atendían a niños con necesidades especiales. En total, unos 1.500 escolares de hasta 6 años reciben este tipo de atención en la Comunidad de Madrid y se vieron afectados por la medida.