Así lo confirmó en una entrevista en Servimedia el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, que también recordó a los socialistas que la Iglesia continuará con labor de ayuda a los ciudadanos.

“Militantes y dirigentes con demostrada sensibilidad cristiana no están nada a gusto y nada conformes con esta propuesta radical que no da el tono de un partido que por otra parte se ha caracterizado también por, cuando gobierna, lo hace con un sentido de responsabilidad con las relaciones Iglesia-Estado”.

Desde el Episcopado se recordó además que los acuerdos son constitucionales y que la Carta Magna contempla el hecho religioso como elemento de construcción social y manda al Estado que colabore con las confesiones religiosas.

“Creo que hacer un asalto de este tipo es muy arriesgado”, añadió Gil Tamayo, que como ciudadano considera que “los españoles no pierden el sueño por los acuerdos Iglesia-Estado, tienen otras cuestiones y problemas más serios y más acuciantes, sobre todo aquellas personas que están sufriendo la crisis, que exigen de los partidos políticos algo más que propuestas de este tipo”.

“Cuando el Partido Socialista ha gobernado lo ha hecho representando a la totalidad de la ciudadanía, con un ejercicio de responsabilidad y no ha puesto en cuestión estos acuerdos sino que ha visto en ellos un cauce de colaboración y de unas relaciones fluidas en bien de la sociedad española que en su mayoría es católica”, añadió a Servimedia.

ORGANIZACIONES AFECTADAS

Gil Tamayo insistió en que las organizaciones de la Iglesia católica que ayudan a los más desfavorecidos en plena crisis económica se “verían afectadas” en esa hipótesis, aunque no abandonarían su trabajo.

“La Iglesia no va a dejar de prestar, por un cambio de marco jurídico, el servicio que está llamada a prestar y que es el distintivo de los cristianos, que es la acción social y caritativa y, sobre todo porque llega a gente a la que no llegan las administraciones”.

El portavoz de los obispos recordó que la labor de Cáritas, Manos Unidas y otras organizaciones católicas se desarrollan tanto en las parroquias “más humildes” como en las “más populosas” gracias a la aportación a los fieles. Con ello, se ayuda a colectivos desfavorecidos como refugiados, inmigrantes y desempleados.

La sociedad tiene “suficiente madurez para trasladar a leyes el reconocimiento y la tutela de quien hace el bien”, resaltó el portavoz episcopal. “Y en eso llevan una parte importante los acuerdos Iglesia-Estado”, añadió.