Esta formación denuncia en su escrito que la Administración del Estado podría haber estado abonando mensualmente, desde febrero de 2011 y hasta la fecha, un mínimo de 100 euros por cada uno de los 4.000 expedientes ficticios, cantidades que irían a parar a la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia, sobre la base de unos datos manipulados intencionadamente.

UPyD pide en su escrito a la Fiscalía que "tenga por recibido este escrito y los documentos que la acompañan, y por formulada denuncia por los hechos que en el mismo se explican, indiciariamente constitutivos de un delito de falsificación en documento público, así como por cualquier otro que pudiera desprenderse de la investigación, que solicita se inicie en defensa del interés general".

UPyD recibió el pasado lunes una información anónima sobre 4.000 presuntos expedientes ficticios que habrían aparecido en la aplicación informática SIDEMA de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, con fecha de asignación de 23 de febrero de 2011, y con la calificación de Grado I, nivel 2.

En ellos, no aparece la puntuación de ninguna valoración realizada, ni prestación asociada, del mismo modo que tampoco les fue notificada la supuesta revisión por agravamiento a los destinatarios.

Por tanto, según UPyD, "se trataría de 4.000 expedientes ficticios que, sin suponerle un coste a la Administración de la Comunidad de Madrid (al no corresponderse con prestaciones efectivamente satisfechas, ni siquiera notificadas), figuran como enviados al IMSERSO, a los efectos de recepción de la compensación de la Administración del Estado".