Esta afirmación se produce después de que la comisaria de Interior europea, Cecilia Malmström, haya cuestionado la eficacia de este sistema de protección de las fronteras exteriores de la UE y haya expresado su personal opinión contraria a su instalación.

Las declaraciones hechas por Malmstróm enfadaron al ministro que cenó con la responsable comunitaria para explicarle el punto de vista del Gobierno español. No la convenció y lo más que obtuvo fue un reconocimiento de la responsable europea de que las concertinas “son legales, pero no disuasorias”.

Tras el rifirafe dialéctico entre ambos, Fernández Díaz aseguró hoy: “Yo no estoy buscando ninguna alternativa. No tengo por qué. Quien acusa es quien tiene que ofrecer la carga de la prueba”. Con lo que dió por zanjada la posibilidad de sustituir este sistema.

El ministro incidió en la idea de que España, como Estado comunitario que es, “tiene el derecho y la obligación de proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea” y que formando parte del territorio Schengen está especialmente obligado a “impedir intrusiones ilegales”.

Es más, el titular de Interior está convencido de que cuenta con el respaldo “mayoritario” de los ciudadanos. “Pon a miles de inmigrantes ilegales en la calle y verás como la opinión pública te apoya. Es un debate ganado”, aseguró.

Fernández Diaz insistió en que las concertinas constituyen un sistema “disuasorio, pasivo y no agresivo”, lo que es muy diferente a otros sistemas “agresivos” como pueden ser las “vallas electrificadas o los perros de ataque”. En esa línea de ilustrar otros sistemas de protección de fronteras más activos llegó a citar las “minas antipersonas”.

En cambio, el elegido por el Gobierno, inisistió, es un método “legal” y “proporcionado” que ha demostrado su eficacia al reducir la entrada de inmigrantes ilegales de 6.000 personas en los peores años a 200, una vez instaladas las concertinas.