Según explicó en rueda de prensa la vicesecretaria general, Elena Valenciano, la proposición acordada por la Comisión Ejecutiva Federal contendrá tres puntos, el primero de los cuales será urgir al Gobierno a denunciar “de inmediato” esos acuerdos.

También pedirá al Gobierno que presente antes de seis meses un proyecto de ley orgánica de libertad religiosa y de conciencia con normas comunes aplicables a todas las confesiones, con previsión de acuerdos con todas ellas y con protección de los derechos de los creyentes y de los no creyentes.

Finalmente, los socialistas piden un “protocolo civil” que regule los actos solemnes organizados por instituciones y organismos del Estado para garantizar la aconfesionalidad en todos ellos.

Esa iniciativa plasma el anuncio que en su día hizo Alfredo Pérez Rubalcaba nada más ser elegido secretario general y que recientemente ratificó la Conferencia Política.

La decisión de hacerlo ahora se basa en tres razones “poderosas”, explicó Valenciano. La primera es que esos acuerdos se negociaron antes de aprobarse la Constitución, y la segunda es que desde entonces la sociedad española “ha cambiado mucho” y ahora es más secular, más laica y más plural.

La tercera, “más coyuntural”, es que el PSOE siempre ha cumplido los acuerdos con el Vaticano pero muchas de las recientes decisiones del Gobierno “han desequilibrado la situación” con medidas que parecen “inspiradas” en la propia jerarquía católica.

Los socialistas quieren dialogar con los demás grupos parlamentarios para sumar apoyos y avanzan que, en caso de ser rechazada por el PP, será un compromiso “de programa de gobierno” con el que el PSOE concurrirá a las próxmas elecciones generales.

Valenciano cree “probable” que el PSOE debió aprobar en su momento la ley de libertad religiosa que llevaba en su programa, pero subrayó que ya abrió una brecha con la jerarquía católica a cuento del aborto y del matriomonio homosexual, y seguramente, “el Gobierno del que yo no formé parte” midió esa circunstancia al aparcar ese proyecto.