Greenpace manifestó en una nota de prensa que manifestar la discrepancia ante las instituciones y realizar actos de protesta pacífica son, en democracia, vías políticas legítimas para promover reformas legales y mejoras sociales y ambientales.

En relación al anteproyecto de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la portavoz de Greenpeace España, Sara del Río, denunció que “con esta reforma legal el Gobierno está rompiendo la baraja del juego democrático. Ahoga de un plumazo la discrepancia y la protesta, demostrando así su temor a las libertades. Se habla de una nueva transición política hacia una mayoría silenciada más que silenciosa y Greenpeace ni puede ni quiere, aceptar este retroceso".

Asimismo, la portavoz apuntó que el anteproyecto es un paso más en el plan de recorte de los derechos fundamentales en los que el Gobierno de Rajoy se ha embarcado y ejemplificó esto diciendo que lo hace "poniendo trabas al acceso a la Justicia con las tasas judiciales y ahora con la imposición de multas de elevada cuantía económica en vía administrativa a través de esta nueva norma que tipificará conductas que ya se encontraban en el Código Penal y así impedir a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos constitucionales que tantas generaciones costó conseguir".

La organización recordó que para mostrar su rechazo a este anteproyecto el pasado sábado llevó a cabo una acción de protesta en el edifico España, donde tres escaladores desplegaron una pancarta de 315 metros en la que se leía ‘No a la #LeyAntiProtesta'.

Asimismo, avanzó que analizarán el texto final de este anteproyecto de ley para conocer en profundidad su contenido y valorar el alcance de sus repercusiones sociales.