En nota de prensa, el SPP describió el acuerdo como "una falta de respeto absoluta a la normativa vigente, al Cuerpo y a los funcionarios que componen el mismo, por parte del Director General de la Guardia Civil".

Para el SPP, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "tiene la obligación de bloquear un acuerdo manifiestamente contrario a la legalidad”, que a su juicio busca situar a un oficial de enlace de la Guardia Civil en Bogotá, cuando ya existe otro de la Policía Nacional, con la consiguiente duplicidad de funciones y gasto superfluo.