Esta es una de las recomendaciones de este organismo tras analizar el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, el cual le merece una valoración “global favorable” porque supone una “reforma estructural necesaria y pro-competitiva” del marco regulador de los servicios profesionales.

En su informe, la CNMC considera que las restricciones de entrada o acceso (aquellas que potencialmente limitan el número de profesionales que pueden ejercer la actividad, en general o en una demarcación o en un territorio específico) tienen el efecto económico de reducir la oferta de servicios profesionales en el mercado y la intensidad de la competencia.

Por ello se reducen también los incentivos de los profesionales a prestar servicios de mayor calidad y a innovar, se incrementan los precios de los servicios profesionales y se facilita la aparición de acuerdos o prácticas concertadas restrictivas de la competencia que refuerzan los efectos negativos anteriores.

Ante esto, la CNMC considera que es “positivo unificar y actualizar” la normativa en materia de servicios y colegios profesionales dado que “clarificará su régimen jurídico”.

No obstante, la CNMC hace una serie de recomendaciones a la norma que pasan por suprimir obligatoriamente la colegiación en todos los casos de profesionales que prestan sus servicios exclusivamente a las Administraciones Públicas; especificar y tasar explícitamente las “razones de imperioso interés general” que justifiquen el establecimiento de restricciones para ejercer profesiones; prohibir las cuotas de inscripción para las profesiones que requieren colegiación obligatoria; y que cuando el visado venga impuesto como obligatorio por el ordenamiento jurídico, su retribución se debe ajustar a los costes de realización del visado en condiciones eficientes.

Además, el organismo que preside José María Marín Quemada reclama cambiar la regulación del registro de peritos judiciales, reforzando su carácter abierto y no discriminatorio; reforzar la independencia de criterio de la CNMC en su participación en la Comisión de Reforma de las Profesiones; solicitar que se valore la transformación a entidades de derecho privado los actuales colegios que pasan a tener colegiación voluntaria; modificaciones en relación con el ejercicio de las profesiones de procurador, abogado, farmacéutico e ingeniero.