Según informa Competencia, estas prácticas tendrían el objeto de limitar la competencia intramarca y se habrían llevado a término, al menos, con la participación de los concesionarios.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

En caso de confirmarse alguno de los indicios, se procedería a la incoacción formal de expediente, ya que tales conductas restrictivas constituirían una infracción de ley "muy grave", que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.