El informe fue presentado por el vicepresidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, José Javier Soto, y, según expuso, éste ofrece una visión adecuada en el tiempo sobre el impulso legislativo y la aplicación de los derechos recogidos en estas leyes.

Entre los aspectos que recoge destacó la Ley de Adaptación normativa a la Convención de la ONU y del reglamento que lo desarrolla, que dan lugar a un gran cambio en materia de discapacidad; al mismo tiempo que, añadió, se enriquece con la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, que incluye acciones concretas en salud, educación o empleo; así como un informe parlamentario que acoge la actividad realizada por las Cortes Generales y el ámbito de la discapacidad, o el seguimiento de la Convención de la ONU en nuestros tribunales.

Asimismo, apuntó que nunca hemos dispuesto de "normas de tanta potencia" y que reconozcan tal número de derechos, aunque también reconoció que "quedan muchas por adaptar", como es la "urgente" reforma del Código Civil, y que "estamos muy insatisfechos" por la aplicación real de las normas y el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como por "la demora que se sigue produciendo en la aplicación inmediata de la Convención de la ONU que habla de Derechos Humanos y libertades fundamentales".

Por su parte, el presidente de la Fundación, Luis Cayo Pérez Bueno, manifestó que este informe ha nacido de un impulso de la sociedad civil preocupada por la promoción y activación de los derechos de las personas con discapacidad y, según incidió, después de 40 años de régimen democrático, "las personas con discapacidad no nos sentimos incluidos en la comunidad y vemos que los derechos humanos tienen todavía enormes dificultades para verse verificados, y vemos que el derecho todavía no nos protege los suficiente para ser la aspiración que queremos todos".

Además, expuso, en España "hay una gran profusión normativa, pero su cumplimiento está lejos de ser satisfactorio, hay un desfase entre las leyes y lo que se practica" y esto, alertó, "no podemos seguir asumiéndolo, por lo que hay que actuar".

El presidente del Parlamento de Canarias, por otra parte, llamó la atención sobre cómo la crisis actual acusa las diferencias y ha quebrantado el Estado del Bienestar y cómo en esta situación, el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad presentan "con valentía y rigor" un segundo informe que recoge una primera conclusión "escalofriante", y es el hecho de que las personas con discapacidad no tienen acceso a los bienes sociales, lo cual responde a un adelgazamiento del sector público y a una externalización que hace volver a los tiempos del asistencialismo.

En esta línea, el presidente del Cermi Canarias, Francisco Javier Bencomo, apostó por que este informe "deberá ser seguido y exigido" para que se simplifique "el complejo mundo de normas que, a veces, dificulta la calidad de vida de las personas con discapacidad". "El derecho debe facilitar la accesibilidad, debe ser justo, actuar con equidad, ya que cada persona tiene derechos y es responsabilidad de los poderes públicos avanzar en su desarrollo y construir una sociedad más justa", declaró.