Fuentes del PP de Castellón confirmaron a Servimedia que Fabra ha dejado de ser afiliado porque él mismo ha solicitado la baja voluntaria tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial que le condena a cuatro años de cárcel.

Las mismas fuentes subrayaron a Servimedia que Fabra era hasta ahora "un afiliado más" del partido porque no ocupaba ningún puesto orgánico en la dirección ni tampoco cargo público.

De no haber pedido la baja voluntaria como militante tras ser condenado a cuatro años de cárcel, el Comité Provincial de Derechos y Garantías del PP de Castellón podría haber iniciado los trámites para suspenderle cautelarmente a la espera de una sentencia firme.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguraron que "no ha sido necesario llegar a ese extremo" porque el propio Fabra ha dado el paso de renunciar a la condición de militante en el Partido Popular.

Sin una sentencia firme, el PP no puede expulsar a nadie del partido, ya que los derechos del afiliado contemplan que tienen que haberse agotado todos los pasos judiciales para poder llegar a ese extremo.

El artículo 13 de los Estatutos del PP, que se endurecieron en el último Congreso Nacional celebrado en Sevilla en 2012, considera como una infracción "muy grave" la condena judicial por un delito doloso que incluya pena de cárcel o inhabilitación para cargo público.

El caso de Fabra reúne todas estas circunstancias, excepto la de sentencia firme, ya que el expresidente de la Diputación de Castellón tiene ahora la posibilidad de recurrir el fallo de los magistrados ante el Tribunal Supremo.