Según estos datos, la sentencia de la Audiencia Nacional, que fue la primera sobre la masacre de Madrid, estableció un total de 2.085 perjudicados por la acción terrorista, de los cuales 1.733 han presentado solicitudes de indemnización ante la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.

Esto supone que, en estos momentos, hay 352 afectados del 11-M que no han planteado ante la Administración su solicitud de compensación económica, algo que todavía pueden hacer.

Las indemnizaciones a las que tienen derecho los afectados han sido abonadas en función de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, de 1999; de la sentencia de la Audiencia Nacional, de 31 de octubre de 2007, y de la sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de julio de 2008.

La Ley de Víctimas permitió compensar a los afectados según unos baremos hasta que se dictó la sentencia de la Audiencia, que establecía 400.000 euros por fallecido.

Esta cantidad fue doblada por el Tribunal Supremo, que fijaba 900.000 euros de indemnización para los familiares de los fallecidos. Este incremento ha obligado al Gobierno a solicitar créditos para hacer frente a estos desembolsos.