Sáenz de Santamaría se refirió a este asunto en Madrid y al inaugurar, junto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, las XXXV Jornadas de Estudio de la Abogacía General del Estado.

Durante su intervención, la vicepresidenta se refirió a que la reforma de la Administración que promueve el Ejecutivo se está ejecutando a buen ritmo, de manera que de las 218 medidas de actuación planteadas, 28 están finalizadas y 42 en su fase final.

Al mismo tiempo, se refirió a que, además de los cambios que está promoviendo la Administración central, es necesaria otra reforma “de mucho mayor calado”, puesto que “urge un cambio de cultura en el Estado de las autonomías”.

“OBJETIVOS DEL PAÍS”

Explicó que se trata de “un cambio de cultura hacia la planificación conjunta y hacia una mejor cooperación y coordinación entre todos los actores”. Destacó que esto pasa por reducción de burocracia, pero también de facilitar mecanismos que permitan adoptar las reformas que necesita España y que “a veces una sola Administración o un solo Parlamento no tienen la competencia” para llevarlas a cabo.

“El Estado de las autonomías funcionará mucho mejor”, afirmó, “si somos capaces entre todas las Administraciones de colaborar a la hora de determinar los objetivos del país y a la hora de poner en marcha las leyes y los instrumentos que son necesarios”.

Además, la vicepresidenta destacó cómo las comunidades autónomas han llevado a cabo ya un “proceso importante” de ajuste, de forma que han eliminado 535 empresas públicas en año y medio, cifra que está previsto que llegue hasta las 738.

Asimismo, la vicepresidenta incidió en la necesidad de llevar a cabo en España una “simplificación normativa”. En este sentido, indicó que, tras un “análisis riguroso” de 6.500 normas existentes en España, se ha concluido que 2.700 “vulneran la unidad de mercado o ponen trabas” a la actividad económica.

TRABAS A LA ECONOMÍA

Según la ‘número dos’ del Gobierno, el Estado va a llevar a cabo una “profunda reforma” para eliminar trabas de su propia normativa, ya que el 30% de esas normas que dificultan la economía son estatales. No obstante, anunció que se van a llevar a cabo 25 conferencias sectoriales con las autonomías para que eliminen trabas “a la libre circulación de trabajadores y de bienes y servicios”.

Por su parte, Gallardón se refirió a que la reforma de la Administración es la “tarea más ambiciosa” que se lleva a cabo en España desde la Transición, por lo que dijo que se trata de una “auténtica revolución”.

En lo que se refiere a la Administración judicial, el ministro destacó los cambios legales que está llevando a cabo su departamento con iniciativas como la reforma del CGPJ, que con el nuevo diseño gana en “agilidad y eficiencia”.

Al mismo tiempo, el ministro se refirió a que la modificación del sector público español no debe ser sólo un apuesta del PP y del actual Ejecutivo, sino que este objetivo debería ser la “hoja de ruta” de los gobernantes para ayudar a la competitividad y el desarrollo de España.