En el auto dictado hoy, al que ha tenido acceso Servimedia, el juez Velasco sostiene que la Audiencia Nacional no es competente para investigar el caso y ordena que las diligencias sean remitidas de vuelta al Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. El magistrado adoptó esta decisión a instancias del fiscal encargado del caso, Miguel Ángel Carballo.

Díaz Ferrán y a su socio en el Grupo Marsans, Gonzalo Pascual, están imputados en esta causa por delitos de desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal. En concreto, Air Comet, sociedad cuyos máximos accionistas son Díaz Ferrán y Pascual, utilizó presuntamente 230 millones de euros entregados en 2001 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para amortizar pasivos de Aerolíneas Argentinas.

Por esta operación, las arcas públicas dejaron de ingresar algo más de 106 millones de euros (99 millones de Air Comet y 7,5 millones de Romana Playa).

NO COMPETENTE

El juez Velasco argumenta su decisión de no declararse competente en torno a tres puntos: los delitos investigados no forman parte de los que la ley atribuye a la Audiencia Nacional; los mismos no afectaron a una generalidad de personas de distintas comunidades autónomas; y la actividad presuntamente irregular que se persigue no tuvo una grave repercusión en la economía nacional.

El magistrado de la Audiencia Nacional censura en su auto la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, el juez Ignacio Bigeriego, de remitir la causa a la Audiencia Nacional tras cinco años de instrucción.

Velasco se sorprende de que el juez de Madrid remita a la Audiencia Nacional un caso “en el que la instrucción se ha desarrollado nada menos que durante cinco años” y en el que se ha llevado a cabo la instrucción “sin que se estime necesarias más diligencias”.

Además, en contra de lo argumentado por el juez Bigeriego para inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, el auto subraya que por la cuantía de las cuotas dejadas de pagar a Hacienda (una de 99 millones de euros y otra de 7,5 millones) “no se puede sostener que se hayan puesto en situación de grave riesgo a la economía nacional”.

“No es aceptable el argumento de que tratándose de sumas a ingresar en el erario público su impago afecta a la economía nacional, ya que entenderlo de otra forma implicaría atribuir en todo caso a la Audiencia Nacional el conocimiento de todos los delitos fiscales”, señala Velasco en su escrito por el que devuelve el caso a los Juzgados de Madrid.