La iniciativa aboga, en concreto, por dotar al mencionado fondo con recursos consignados anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y por destinar una cuantía equivalente a cien millones de euros para su creación en el primer año.

En ejercicios posteriores, señala el texto de CiU, se destinarán a este Fondo los recursos que asignen los Presupuestos Generales del Estado. Y entre estos presupuestos figurarán "aquellos que de acuerdo con las disposiciones normativas, lleguen a ser calificados como bienes vacantes, abandonados o que carecen de dueño conocido, y que se atribuyan al Estado".

Son, según la propuesta catalana, "recursos ociosos, bloqueados en cuentas o depósitos, indemnizaciones de seguros no reclamados, sucesión abintestato del Estado, deuda perpetua, consignaciones judiciales abandonadas o decomisadas, u otros bienes vacantes que acaben otorgándose a la Administración General del Estado".

En cuanto a la distribución de los recursos del fondo entre las comunidades autónomas, la proposición normativa indica que se hará "en proporción al número de entidades del Tercer Sector Social existentes y potencialmente beneficiarias en cada una de ellas".

Los recursos estarán destinados a facilitar el acceso a capital "orientado a la reconversión, la reactivación, la inversión en mantenimiento de los equipamientos de las entidades y en nuevos proyectos, y el impulso de entidades del Tercer Sector Social que necesiten acceder a nuevos recursos económicos, con el fin de garantizar su viabilidad y sostenibilidad".

El dinero del Frets incluirá también una línea dirigida a cubrir un máximo del 30% de las pérdidas acumuladas por las entidades beneficiarias en los tres últimos ejercicios, "siempre y cuando esta situación comporte un riesgo para su viabilidad futura y cuando la entidad presente un plan de viabilidad y sostenibilidad que le permita compensar el resto de las pérdidas".

Esta compensación podrá ser mediante fusiones con otras entidades o mediante aportaciones de nuevos recursos privados y la organización habrá de demostrar que las medidas previstas evitarán futuras pérdidas.

Y es que, argumenta CiU en la exposición de motivos de su iniciativa, desde la perspectiva social, la reducción drástica de recursos públicos destinados a actividades en las que actúa directamente el Tercer Sector "puede generar a muy corto plazo, un efecto 'tsunami' también devastador en el precario tejido de la cohesión social".

Para evitarlo, sostiene, "hay que actuar con celeridad, poniendo el mismo énfasis que se pone para paliar la crisis financiera y de forma similar a como en otros momentos, se afrontó la reestructuración del sector textil, de la siderurgia, o del sector naval".